Quiero informarles que en la sesión del 19 de
abril, aprobamos con 318 votos a favor, cero en contra y tres abstenciones, el
dictamen que expide la Ley General de Protección Civil, que busca la prevención,
control y ágil aplicación de recursos de los tres niveles de gobierno de manera
coordinada.
De esta forma la nueva Ley General de Protección
Civil pretende que la gestión integral de riesgos se introduzca en los procesos
de planeación, programación de manera transversal y no sólo al interior de la
Administración Pública Federal sino de las entidades federativas y municipios.
La ley señala que una vez presentada la solicitud
de declaratoria de desastre natural, la autoridad tendrá un plazo de hasta cinco
días naturales para su publicación en el Diario Oficial de la Federación, así
las entidades tendrán acceso a los recursos en un plazo no mayor a 10 días
naturales, contados a partir del día en que se publique en el DOF.
Además, el Gobierno Federal, con la participación
de las entidades federativas, promoverá la creación de las bases que permitan
la identificación y registro en los Atlas Nacional, Estatales y Municipales de
Riesgos de las zonas del país con riesgo.
El dictamen enviado al Ejecutivo considera como
delito grave la, realización de obras de infraestructura y los asentamientos
humanos que se lleven a cabo en una zona determinada sin elaborar un análisis
de riesgos o que no cuenten con la autorización correspondiente.
El presidente de la Comisión de Gobernación, mi
compañero, Agustín Castilla Marroquín, dijo que con esta reforma se busca
prevenir y afrontar las consecuencias de los fenómenos naturales como
huracanes, terremotos, erupciones volcánicas, inundaciones, deslaves o
cualquier otro fenómeno.
Al fundamentar el dictamen el diputado federal
señaló que los desastres naturales en México desde el año 1980 a 1999 han
ocasionado pérdidas por 10 mil 400 millones de dólares representado el 1.82 por
ciento del total del Producto Interno Bruto en el año 2000.
Castilla Marroquín resaltó la necesidad de contar
con un marco legal que responda al impacto de desastres, ya que México es un
país sometido a desastres naturales por lo que la prevención y atención de
emergencias requieren de una distribución ágil, eficaz y transparente de los
recursos que son asignados para los programas preventivos y para la atención de
la población en desgracia. El legislador del PAN, indicó que durante los últimos 25 años ha servido para detectar los problemas más urgentes, como la carencia de información oportuna, la difusión sobre riesgos, y el fomento de una cultura de la prevención entre la población vulnerable a desastres naturales.
Ver nota en televisión.
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